Los programas de participación comunitaria en seguridad (community policing programmes) aumentaron durante los últimos veinte años en América Latina. Las expectativas de estos modelos fueron, entre otras, la reducción de la criminalidad y el fortalecimiento de relaciones colaborativas entre la población y la policía. Sin embargo, la excesiva atención a aspectos técnicos ha descuidado los efectos contraproducentes de dichos modelos en la democracia y el
Estado de Derecho. Basado en el institucionalismo histórico, el artículo analiza críticamente el concepto de participación comunitaria en seguridad y argumenta que contextos sociopolíticos más amplios y trayectorias institucionales de autodefensa civil son determinantes en los resultados de dichos programas. Basado en caso de Guatemala, el artículo concluye que la participación comunitaria en seguridad ha contribuido a reforzar patrones antidemocráticos mediante la reproducción de mecanismos de autodefensa creados durante el conflicto armado.