En el 2013 Rafael Correa afianzó las bases del modelo autoritario-competitivo iniciado en 2007. Más allá de la infraestructura y la inversión pública –que cualquier gobierno con recursos económicos también pudo realizar–, la administración de Correa se caracterizó este año –al igual que en los previos aunque ahora con más intensidad– por la persecución a todo aquel que planteara una opinión contraria a su gestión. En dicho escenario político, el último escollo que queda a Correa para consolidar su permanencia en el poder luego de 2017 es la reforma constitucional que permita la reelección indefinida –o al menos por un período adicional–. Si las condiciones políticas y económicas no varían en el corto plazo, Ecuador tendrá al menos hasta 2021 un gobierno caracterizado por muchas obras públicas y pocas libertades. Más allá de la coyuntura, la gran aceptación popular que genera el modelo autoritario-competitivo de Correa es una de las preguntas clave que debería orientar la investigación científica sobre Ecuador en el futuro inmediato.