La minería informal e ilegal se ha configurado como un poderoso desafío para el Estado peruano en el contexto del boom de recursos que vive el país. Este artículo documenta y explica la respuesta del Estado a este fenómeno. Luego de una primera etapa de inacción (2004-2008), el Estado ensaya una respuesta desarticulada (2008-2011) para finalmente establecer una más coherente y organizada (2011-2015). Aunque todavía insuficientes, estos cambios han dado lugar a un mayor fortalecimiento de las áreas del Estado a cargo de enfrentar el fenómeno. Proponemos que esta evolución de la respuesta institucional se explica por factores externos al Estado (presiones internacionales y demandas domésticas) antes que por procesos producidos en su interior.