¿Cuál es la agenda política que anima, justifica y legitima el extractivismo de recursos en el marco de las transformaciones hacia la creciente sustentabilidad y la acción climática? Esta es una cuestión de creciente relevancia a nivel mundial y multisectorial a la que buscamos ofrecer respuestas desde el campo latinoamericano. Para ello comenzamos con un debate sobre la economía y la ecología política del extractivismo agrario contemporáneo. Después examinamos el papel de diversos actores estatales y sociales tras el auge del agroextractivismo en la acción climática en Bolivia, Guatemala y Paraguay. En Bolivia, las alianzas de Evo Morales con diversas clases de capital y su dependencia de la economía extractiva acabaron provocando su caída al perder el apoyo de sus bases y no estar dispuesto a renunciar al poder del Estado. El auge reciente de los complejos de cultivos comodín de la caña de azúcar y la palma aceitera en Guatemala se asienta sobre la nueva agenda del ‘populismo corporativo autoritario.’ Esta conlleva concesiones políticas a las personas más desfavorecidas a través de transferencias públicas y de sistemas de gobernanza multiparte, como en el caso de los regímenes políticos populistas convencionales. Pero además el populismo corporativo autoritario implica concesiones a las clases trabajadoras y al medio ambiente en el ámbito productivo privado. La violencia, sin embargo, sigue siendo clave en esta agenda política del poder, aun si ahora se legitima bajo la defensa del Estado de Derecho. En Paraguay, el feroz rechazo a los intentos de Fernando Lugo para regular el agronegocio culminó en un ‘golpe parlamentario’ orquestado por la clase terrateniente y precedido por violencia extrema contra el campesinado. El golpe facilitó la expansión de un modelo agroextractivo caracterizado por la adopción de nuevas variedades de soja genéticamente modificadas, la violencia estatal y el despojo y marginación de la población campesina e indígena. Tras este análisis por países planteamos una discusión más general sobre cómo las alianzas entre actores estatales, elites y capital debilitado el potencial transformador de gobiernos progresistas para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Con este fin, la triple alianza no sólo recurre a las tradicionales estrategias de influencia sobre marcos normativos y discursos legitimadores, sino también a nuevas estrategias políticas que combinan la generación de consentimiento popular al orden agroextractivista con la violencia y represión selectiva amparada en la defensa del Estado de Derecho. Concluimos subrayando cómo el giro ecomodernista 'verde' en la agenda política del agroextractivismo desplaza la atención de la paradoja del creciente uso de recursos naturales para enfriar el planeta hacia las innovaciones técnico-administrativas que requieren diversos complejos corporativos de cultivos comodín para reproducir sus condiciones naturales y sociales de producción de bioenergía y biomateriales por ‘el bien común.’