Los guatemaltecos sobrevivieron con dificultad el 2009. Sus ya precarias condiciones de desarrollo humano y gobernabilidad se agravaron como resultado de mayores niveles de violencia, inseguridad e impunidad, así como por el incremento del crimen organizado, los efectos de la crisis financiera internacional y el impacto del calentamiento global. En mayo estalló una crisis política, provocada por un hecho insólito en el que (indebidamente, como se aclaró posteriormente) fueron involucrados el Presidente Colom y cercanos colaboradores del mismo, lo cual afectó la estabilidad del gobierno y la credibilidad del mandatario. Entre los hechos positivos destacan un acuerdo de Estado para el avance de la seguridad y la justicia, la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación y la elección más transparente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como un notorio empoderamiento de organizaciones sociales pro justicia y transparencia, a lo que se suma el activo desempeño de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).