A casi una década de la apertura del régimen político posterior al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se hace evidente la fortaleza de los legados autoritarios que no han sido desmontados en su totalidad por los últimos dos gobiernos elegidos democráticamente. Los problemas de gobernabilidad que enfrenta el Perú, que se expresan a través de conflictos sociales (El Baguazo) y casos de corrupción estatal de alto nivel (Petroaudios), se originan precisamente en la herencia autoritaria del régimen anterior. Sin embargo, el actual gobierno ha logrado entrar en una lógica de convivencia con dichos legados autoritarios, aprovechando la ausencia de una oposición cohesionada y la fragmentación de las demandas sociales movilizadas.