Nayib Bukele ha sido reelegido inconstitucionalmente como presidente de El Salvador. Su gobierno puede confiar en un sistema de partido hegemónico que presenta una fachada de democracia, pero niega a los partidos de oposición cualquier poder real. Las elecciones siguieron a una subversión sin precedentes de las instituciones y procesos democráticos, llevada a cabo para consolidar la autocracia electoral del líder centroamericano. Bukele afirma tener legitimidad popular, pero ha utilizado su gobierno para eliminar controles y contrapesos, manipular la independencia del poder judicial y de la administración estatal, así como reprimir la libertad de prensa. Detrás de su control de la autoridad se esconde un deseo de lograr influencia política y económica para la familia Bukele y una élite empresarial aspirante asociada a ella. El presidente ha construido su popularidad como líder político mediante la espectacularización de un régimen de excepción. La medida, que aparenta ser una guerra contra las pandillas, se está utilizando para detener arbitrariamente a los ciudadanos y reprimir las voces críticas. Bukele maneja la crisis de seguridad de El Salvador no para reducir la violencia, sino para reforzar el apoyo a su régimen.